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Un comité de la ONU pide a México que no penalice la defensa de los derechos humanos

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El caso de un maestro indígena oaxaqueño activista de los derechos humanos que sufrió tortura y estuvo detenido más de un lustro llevó al Comité de la ONU contra la Tortura a urgir a México a no penalizar la defensa de las garantías fundamentales.

En una decisión publicada este martes, los expertos del Comité determinaron las violaciones sufridas por Damián Gallardo Martínez por el mero hecho de luchar por sus derechos y los de su pueblo.

“Damián Gallardo Martínez fue víctima de tortura en México, en violación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, aseveró ese órgano tras exponer ampliamente el desarrollo de los acontecimientos iniciados en 2013.

El ataque a Gallardo Martínez, docente y defensor de los pueblos indígenas y del derecho a la educación, respondió a su labor de años de promoción de la educación comunitaria en las comunidades indígenas del estado de Oaxaca.

La detención

Originario del pueblo indígena Ayuujk de Santa María Tlahuitolteopec de la región Mixe, Gallardo Martínez participó en Oaxaca en 2013 en una serie de protestas organizadas por el sindicato de maestros. En mayo del mismo año, fue arrestado por siete policías que irrumpieron en su casa sin orden judicial.

Una vez detenido se le incomunicó y trasladó a un centro clandestino donde padeció golpizas de los policías para que diera información sobre otros activistas del derecho a la educación.

En su testimonio frente al Comité, Gallardo Martínez aseguró que sus victimarios lo amenazaron con violar a su hija y su pareja antes de matarlas, además de asesinar a sus padres. Luego, se le obligó a firmar una “confesión” en un papel en blanco que se usó para acusarlo de participación en el crimen organizado y del secuestro de dos jóvenes sobrinos de un importante empresario.

“Damián Gallardo Martínez fue sometido a actos de tortura que buscaban doblegar su voluntad al extremo y convencerlo de la capacidad de sus agresores de infligirle dolor o incluso la muerte”, señaló Peter Vedel Kessing, uno de los miembros del Comité.

Más adelante se le llevó a una prisión de máxima seguridad en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ahí permaneció hasta diciembre de 2018, cuando el Ministerio Público Federal solicitó el desistimiento del caso.

A lo largo de esos cinco años fue golpeado brutalmente, se le sometió a revisiones bucales y anales, se le privó del agua y el sueño y estuvo aislado 22 horas diarias.

La familia

Durante el mismo periodo, su padre se apostó en el Zócalo de la capital de Oaxaca para exigir justicia mientras que la familia entera sufría una estigmatización y acoso que la obligó a abandonar su comunidad.

Vedel Kessing sostuvo que los familiares directos de Gallardo Martínez también fueron víctimas dado “el impacto psicológico y emocional de la tortura sufrida por él y por la estigmatización y el hostigamiento que enfrentaron”.

Debido a que sus denuncias de tortura no se investigaron en México, Gallardo Mártínez presentó el caso ante el Comité de la ONU en 2019.

El caso muestra un patrón

El Comité advirtió que el proceso penal iniciado contra Gallardo Martínez refleja un patrón de criminalización de las protestas sociales, por lo que urgió a México a tomar medidas para garantizar la no repetición, implicando esto que quienes defienden la educación y los derechos de los pueblos indígenas no serán criminalizados por sus actividades legítimas a favor de esa causa.

El Comité también instó a México a que otorgue a Gallardo Martínez y a sus familiares una reparación integral, que les ofrezca una disculpa pública y que difunda la decisión del Comité, especialmente en el estado de Oaxaca.

El Comité contra la Tortura supervisa la adhesión de los Estados partes a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que hasta la fecha cuenta con 173 Estados partes. El Comité está integrado por 10 miembros que son expertos independientes en derechos humanos provenientes de todo el mundo, que sirven a título personal y no como representantes de los Estados partes. El Comité tiene el mandato de considerar denuncias individuales en las que se aleguen violaciones de los derechos establecidos en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por Estados partes que han realizado la declaración de acuerdo al artículo 22 de la Convención.

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AMLO anuncia convocatoria para contratación inmediata de médicos especialistas en el país.

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El martes 24 de mayo se darán a conocer las plazas disponibles en instituciones públicas del país para médicas y médicos especialistas.

Ante la polémica que levantó la contratación de médicos cubanos por el Gobierno Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, argumentando la falta de especialistas en el país, durante su conferencia de este miércoles, el Presidente hizo el anuncio de la convocatoria para la contratación inmediata de médicos especialistas con mejores sueldos.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo señaló la necesidad de contratar personal general y especializado que brinde servicio médico de calidad las 24 horas del día en todo el país, particularmente en comunidades rurales, en donde son frecuentes las defunciones a causa de infartos.

“No hay cardiólogos, ni siquiera medicamentos para que el paciente infartado resista y pueda llegar a un hospital y ser atendido. (…) No tenemos la especialidad de intervencionistas, que son los que hacen cateterismo y es una de las principales causas de muerte en el país. Yo no quiero eso”, aseveró.

Recordó que las convocatorias para contratar especialistas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se repiten durante varios años, sin embargo, los cargos no son ocupados por factores como la distancia.

El presidente recordó que al inicio de este mes, durante su gira de trabajo en Centroamérica y el Caribe, los gobiernos de México y Cuba establecieron un acuerdo en materia de salud que permitirá contratar en el país a médicos cubanos, quienes ayudarán a reforzar la atención médica en el sistema público.

“Si estamos haciendo lo de Cuba es porque necesitamos médicos y le agradecemos al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba, a los médicos cubanos por su solidaridad”, expresó.

La salud, dijo el mandatario, no debe tener fronteras porque es un derecho humano.

“Si yo tengo el compromiso de que no falten los médicos, que no falten los medicamentos, que se garantice el derecho constitucional a la salud, que deje de ser letra muerta y no tengo médicos, pues de Cuba, de Estados Unidos o de Francia, de donde sea, pero que la gente sea atendida”, enfatizó.

El mandatario reiteró que el Gobierno de México no dará un paso atrás en el fortalecimiento del Plan de Salud para el Bienestar en beneficio de quienes no tienen acceso a la seguridad social.

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México: Ante los más de 100.000 desaparecidos, la ONU insta al gobierno a combatir la impunidad.

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De 1964 a la fecha han desaparecido 100.000 personas en México, según informó ayer el gobierno actual del país en sus cifras oficiales. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias manifestaron este martes una gran preocupación por tan “desgarradora tragedia” y llamaron a las autoridades a esforzarse más para poner fin a estos atropellos, que siguen ocurriendo.

“Ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y abusos de dimensión extraordinaria, así como para reivindicar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, dijo Michelle Bachelet en un comunicado.

Los datos desagregados del registro nacional mexicano indican que cerca de la cuarta parte de las personas desaparecidas son mujeres y que un 20% era menor de 18 años cuando desapareció.

Los números también muestran que más del 97% de las desapariciones cuya fecha se conoce sucedieron a partir de diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón asumió el poder y el país instauró un modelo militarizado de seguridad pública.

De 1965 a 1990, durante la llamada “guerra sucia”, las desapariciones respondían a motivaciones políticas principalmente. En cambio, después de 2006 se llevaron a cabo en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado”, declarada por Calderón.

El Comité y el Grupo de Trabajo sobre desapariciones citaron en una declaración conjunta que en una visita oficial a México en 2011 , todavía con el gobierno de Calderón, las cifras oficiales daban cuenta de más de 5000 desaparecidos o “ausentes” sólo en ese año.

Un decenio más tarde, en noviembre de 2021, en otra visita,  las personas desaparecidas inscritas en el registro llegaban a 95.000, con cien de ellas sucedidas durante las poco más de dos semanas que el Comité estuvo en el país.

Tanto la Alta Comisionada como los expertos advirtieron que muchas veces las desapariciones no se denuncian, con lo cual el total de personas cuya suerte se ignora podría ser más alto.

Medidas en la dirección correcta

Por otra parte, la Alta Comisionada reconoció que las autoridades mexicanas han dado pasos importantes para combatir el flagelo, como la aprobación de la Ley General de Desapariciones, al igual que la creación de comisiones de búsqueda en todos los estados y del Centro Nacional de Identificación Humana.

Del mismo modo, mencionó, entre otras instancias, las comisiones para examinar las violaciones graves de derechos humanos cometidas en el periodo de la guerra sucia, de 1965 a 1990, y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso emblemático de 2014.

Recalcó también el reconocimiento por el gobierno de la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y el carácter vinculante de las Acciones Urgentes que éste dispusiera, siendo el primer país que permitiera la visita de ese grupo de expertos.

Las familias deben estar en el centro

Para que las medidas tomadas den frutos, Bachelet exhortó a las autoridades a colocar a las familias de las personas desaparecidas en el centro de los esfuerzos y a asignar a las investigaciones y búsquedas los recursos necesarios.

Asimismo, instó a México a implementar de manera efectiva todas las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas y todos los aspectos de la Ley General de desapariciones, incluyendo la creación del Banco Nacional de Datos Forenses y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense.

El Grupo de Trabajo y el Comité aunaron sus voces a la de la Alta Comisionada urgiendo al país a prevenir y erradicar las desapariciones y la impunidad que las envuelve.

“La desaparición de personas en México es un problema de todos: de la sociedad en su conjunto y de toda la humanidad”, apuntaron.

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Presidente y comunidad artística acuerdan acercar el cine a comunidades apartadas

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El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional la visita de actrices y actores, quienes plantearon acercar proyectos cinematográficos a las comunidades alejadas del país.

El mandatario y los integrantes de la comunidad artística convinieron trabajar en conjunto.

“Me visitaron actores, actrices y directores que tienen la idea de proyectar cine en los pueblos más apartados de México”, destacó el jefe del Ejecutivo en sus redes sociales.

Participaron en el encuentro, las actrices Dolores Heredia y Arcelia Ramírez; el director de cine mexicano, Jorge Fons Pérez, el actor Juan Carlos Colombo, así como Jorge Sánchez y Alberto Cortez.

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