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México: Ante los más de 100.000 desaparecidos, la ONU insta al gobierno a combatir la impunidad.

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De 1964 a la fecha han desaparecido 100.000 personas en México, según informó ayer el gobierno actual del país en sus cifras oficiales. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias manifestaron este martes una gran preocupación por tan “desgarradora tragedia” y llamaron a las autoridades a esforzarse más para poner fin a estos atropellos, que siguen ocurriendo.

“Ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y abusos de dimensión extraordinaria, así como para reivindicar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, dijo Michelle Bachelet en un comunicado.

Los datos desagregados del registro nacional mexicano indican que cerca de la cuarta parte de las personas desaparecidas son mujeres y que un 20% era menor de 18 años cuando desapareció.

Los números también muestran que más del 97% de las desapariciones cuya fecha se conoce sucedieron a partir de diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón asumió el poder y el país instauró un modelo militarizado de seguridad pública.

De 1965 a 1990, durante la llamada “guerra sucia”, las desapariciones respondían a motivaciones políticas principalmente. En cambio, después de 2006 se llevaron a cabo en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado”, declarada por Calderón.

El Comité y el Grupo de Trabajo sobre desapariciones citaron en una declaración conjunta que en una visita oficial a México en 2011 , todavía con el gobierno de Calderón, las cifras oficiales daban cuenta de más de 5000 desaparecidos o “ausentes” sólo en ese año.

Un decenio más tarde, en noviembre de 2021, en otra visita,  las personas desaparecidas inscritas en el registro llegaban a 95.000, con cien de ellas sucedidas durante las poco más de dos semanas que el Comité estuvo en el país.

Tanto la Alta Comisionada como los expertos advirtieron que muchas veces las desapariciones no se denuncian, con lo cual el total de personas cuya suerte se ignora podría ser más alto.

Medidas en la dirección correcta

Por otra parte, la Alta Comisionada reconoció que las autoridades mexicanas han dado pasos importantes para combatir el flagelo, como la aprobación de la Ley General de Desapariciones, al igual que la creación de comisiones de búsqueda en todos los estados y del Centro Nacional de Identificación Humana.

Del mismo modo, mencionó, entre otras instancias, las comisiones para examinar las violaciones graves de derechos humanos cometidas en el periodo de la guerra sucia, de 1965 a 1990, y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso emblemático de 2014.

Recalcó también el reconocimiento por el gobierno de la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y el carácter vinculante de las Acciones Urgentes que éste dispusiera, siendo el primer país que permitiera la visita de ese grupo de expertos.

Las familias deben estar en el centro

Para que las medidas tomadas den frutos, Bachelet exhortó a las autoridades a colocar a las familias de las personas desaparecidas en el centro de los esfuerzos y a asignar a las investigaciones y búsquedas los recursos necesarios.

Asimismo, instó a México a implementar de manera efectiva todas las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas y todos los aspectos de la Ley General de desapariciones, incluyendo la creación del Banco Nacional de Datos Forenses y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense.

El Grupo de Trabajo y el Comité aunaron sus voces a la de la Alta Comisionada urgiendo al país a prevenir y erradicar las desapariciones y la impunidad que las envuelve.

“La desaparición de personas en México es un problema de todos: de la sociedad en su conjunto y de toda la humanidad”, apuntaron.

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Exhorta titular de la SEP a cumplir en tiempo y forma el cierre de ciclo escolar

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Ante movilizaciones de grupos para adelantar el término del ciclo escolar, pide no actuar en contrasentido. Calendario escolar 2021-2022, de 200 días efectivos de clase, concluye el 28 de julio

México, a 26 de junio 2022.- Tras las movilizaciones de distintos grupos para adelantar el término del ciclo escolar 2021-2022, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, exhortó a autoridades educativas y al magisterio nacional a respetar el calendario escolar y concluir en los tiempos marcados.

Pidió no actuar en contrasentido, cuando la presencia en las aulas protege el derecho a la educación de las niñas y los niños del país, y contribuye a la recuperación de aprendizajes.

Al clausurar los trabajos de la LIV Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), solicitó a las y los secretarios de Educación de las 32 entidades actuar como interlocutores en sus comunidades de enseñanza, y asegurar que ante cualquier eventualidad se considere a la SEP.

El calendario escolar 2021-2022, de 200 días efectivos de clase, vigente para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, establece que el próximo 28 de julio concluye el ciclo escolar.

Es responsabilidad de las autoridades educativas locales garantizar el cumplimiento del calendario lectivo 2021-2022, y que las jornadas escolares cumplan el tiempo efectivo de clases mínimo establecido en los planes y programas vigentes.

Por ello, la secretaria de Educación recalcó que es obligación de autoridades, directivos, personal docente y de apoyo a la educación garantizar el acceso a los servicios educativos, sobre todo, cuando se demostró que los espacios más seguros están en el entorno escolar.

Gómez Álvarez consideró contraproducente pugnar por la conclusión anticipada del ciclo escolar, luego de los acuerdos establecidos con los integrantes del Conaedu, para privilegiar la reinserción escolar y la recuperación de aprendizajes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

“En las reuniones que he tenido con padres de familia nos han agradecido que ya están los pequeñitos de regreso. Si todavía tienen alguna duda o tienen algún miedo, hay que respetarlo, pero que sean los padres de familia, no que sea por iniciativa o por una situación de nosotros como secretaría”, enfatizó.

Pidió considerar que la falta de interacción entre maestros y alumnos en el proceso de enseñanza conlleva afectaciones a la estabilidad emocional de las y los estudiantes.

Finalmente, afirmó que es necesario redoblar el esfuerzo para continuar las clases presenciales y la recuperación de conocimientos en el alumnado.

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Suprimir el derecho al aborto en Estados Unidos es “un duro golpe para los derechos de las mujeres”: Bachelet

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La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos consideró que la sentencia emitida este viernes por el Tribunal Supremo de Estados Unidos que termina con la protección constitucional al aborto en ese país “es un importante revés tras cinco décadas de protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos”.

Michelle Bachelet consideró que el dictamen del Alto Tribunal, que devuelve a los estados el derecho a legislar sobre la protección del embarazo, representa “un duro golpe para los derechos humanos de las mujeres y para la igualdad de género”.

Bachelet consideró que el acceso al aborto “seguro, legal y efectivo” es un elemento “firmemente arraigado” en las leyes internacionales de derechos humanos, y que constituye el “eje central de la autonomía de las mujeres y las niñas” porque determina “sus propias decisiones sobre su cuerpo y su vida, sin ningún tipo de discriminación, violencia ni coacción”.

“Esta decisión priva de esa autonomía a millones de mujeres en Estados Unidos, en particular a las de bajos ingresos y a las pertenecientes a las minorías raciales y étnicas, en detrimento de sus derechos fundamentales”, especificó.

Por último, recordó que, durante los últimos 25 años, más de 50 países con leyes anteriormente restrictivas han liberalizado su legislación sobre el aborto.

“Con la sentencia de hoy, Estados Unidos se aleja lamentablemente de esta tendencia progresista”, subrayó.

El fallo supone un retroceso del Estado de derecho

Se sumaron a la opinión de Bachelet un grupo de especialistas en derechos humanos*, quienes describieron la situación como “escandalosa y peligrosa”, advirtiendo que pondrá en peligro la salud y la vida de las mujeres

“Lo que ha ocurrido hoy en Estados Unidos es un retroceso monumental para el Estado de derecho y para la igualdad de género. De un plumazo y sin un razonamiento jurídico sólido, el Tribunal Supremo del país ha despojado a las mujeres y las niñas de las protecciones legales necesarias para garantizar su capacidad de vivir con dignidad”, afirmaron.

Los expertos señalaron que en este “nuevo entorno legal restrictivo” no disminuirá la necesidad de abortar de una persona, y que solo garantiza el aumento del número de mujeres y niñas que se someterán a abortos clandestinos e inseguros.

Coincidieron con Bachelet en que el fallo perjudica especialmente a las mujeres que pertenecen a minorías raciales y que viven en la pobreza, y añadieron que potenciará el estigma relacionado con el aborto, provocando los abusos de las mujeres que necesitan atención postaborto.

La decisión obliga a algunas mujeres a abandonar sus hogares para abortar

Igualmente, manifestaron su preocupación por lo que consideran como “falta de claridad sobre los márgenes legales” para abortar tras el caso Roe v. Wade- que dictaminó que la Constitución protege la libertad de una mujer embarazada para interrumpir el embarazo sin restricciones gubernamentales-, que ahora variarán en función del lugar de residencia y del riesgo de persecución.

“Estamos profundamente preocupados por la situación de las mujeres que se verán obligadas a abandonar sus hogares y viajar a otros estados en busca de un aborto seguro o que se verán obligadas a soportar un embarazo y una maternidad forzados”, señalaron.

Los expertos pidieron al gobierno del presidente Joe Biden que emita órdenes ejecutivas para proteger el acceso al aborto seguro, que dote a los estados de financiación para la prestación de este tipo de servicios y que limite las medidas destinadas a restringir los viajes de las personas que deseen abortar de forma segura.

La decisión de continuar con un embarazo o de interrumpirlo debe ser fundamental y primordialmente de la mujer, ya que determinará su futura vida personal y familiar. El derecho de la mujer a tomar decisiones autónomas sobre su cuerpo y sus funciones reproductivas está en la base de su derecho fundamental a la igualdad, la no discriminación, la salud y la privacidad”, puntualizaron.

El 45% de todos los abortos practicados son inseguros

Por su parte, el portavoz del Secretario General declaró “haber visto y tomado nota” de la decisión de la Corte Suprema y reiteró que la postura de la Organización “es que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son la base de una vida de elección, empoderamiento e igualdad para las mujeres y niñas del mundo”.

Durante su encuentro diario con la prensa, Stephane Dujarric enfatizó que restringir el acceso al aborto “no impide que la gente busque abortar; sólo hace que sea más mortal. Eso es lo que dicen nuestros datos”.

Dujarric, citando información del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), dijo que cerca del 45% de todos los abortos en el mundo son inseguros, lo que lo convierte en una de las principales causas de muerte materna.

El propio UNFPA y ONU Mujeres emitieron comunicados en una línea similar a la expresada por el portavoz.

*Los expertos son: el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas: Melissa Upreti (president), Dorothy Estrada Tanck (vicepresidenta), Elizabeth Broderick, Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane; Tlaleng Mofokeng, relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y Reem Alsalem, relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.

Los siguientes titulares de mandatos de Procedimientos Especiales también respaldaron el comunicado: Ahmed Shaheed, relator especial sobre la libertad de religión o de creencias; Gerard Quinn, relator especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Alexandra Xanthaki, relatora especial en el ámbito de los derechos culturales; Siobhán Mullally, relatora especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; E. Tendayi Achiume, relatora especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; Ana Brian Nougrères, relatora especial sobre el derecho a la intimidad

Los relatores especiales y los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de los países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

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Si América Latina quiere más y mejores empleos, ha de aumentar la productividad laboral.

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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) planteó este miércoles la necesidad de formular “estrategias efectivas” que ayuden a aumentar la productividad laboral, ante lo que considera “un persistente rezago regional que compromete las posibilidades de encontrar el rumbo de un futuro del trabajo con crecimiento sostenible y más y mejores empleos”.

La región enfrenta “desafíos estructurales” de grandes dimensiones pues “existen amplias brechas de productividad al interior de los países entre sectores productivos, empresas, grupos de trabajadores”, destacó la directora regional interina de la OIT para América Latina y el Caribe, Claudia Coenjaerts, en la presentación de un nuevo informe.

A éstas, añadió otras fisuras externas que “se han ido amplificando respecto de países más avanzados en el marco de la aceleración de la transición digital y del cambio tecnológico”.

Coenjaerts consideró que es necesario “un renovado y profundo debate en la región donde se aborden los principales factores que impulsan el aumento de la productividad, la transición digital y las repercusiones de estos procesos en el trabajo decente, la creación de empleo, las mejoras distributivas y el desarrollo de empresas sostenibles y promotoras del cambio tecnológico”.

La productividad ha disminuido en las últimas cuatro décadas

El informe destaca que “la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe, ya desde antes de la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia de Covid-19, evidenciaba un estancamiento tanto de la productividad laboral como de la productividad total de factores”.

“La productividad laboral ha decrecido persistentemente en términos comparativos con respecto al resto del mundo durante las últimas cuatro décadas”, afirmó el consultor de la OIT y autor del informe, Claudio Maggi.

Maggi destacó la importancia de identificar y promover una serie de “dinámicas virtuosas entre productividad, crecimiento y trabajo”.

Durante la presentación del informe se abordaron otros aspectos como los desafíos que provoca la transición digital y el advenimiento de nuevas tecnologías, los desafíos en materia de formación, la compleja situación actual caracterizada por la alta incertidumbre internacional y la incertidumbre ante el término de la pandemia de COVID-19, y la alta informalidad en la región.

Asimismo, se plantearon los retos en materia de políticas públicas, y también en el funcionamiento de las empresas.

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