*Desde 2015 la empresa mantiene adeudos con personal que decidió renunciar a la empresa, ya que no ha pagado finiquitos, adeuda quincenas y vales de despensa.

*El Diario Grande de Michoacán cuenta con más de 70 denuncias y quejas laborales ante la JLCA.

Extrabajadores del Provincia, El Diario Grande de Michoacán, denunciaron públicamente que los directivos del medio de comunicación no han cubierto adeudos por concepto de finiquitos, liquidaciones, vales de despensas y prestaciones de ley, cuyos recursos ascienden a más de 3 millones de pesos en perjucio del personal y exempleados.

En representación de personal de Provincia y más de 50 extrabajadores, los comunicadores Raúl Téllez, Jaime Lucero y los reporteros gráficos Gustavo Vega e Iván Villanueva compartieron que el director general del diario, Alonso Medina González, y el director administrativo, Ernesto Villaseñor Plaza, han mentido y afectado a más de 200 personas, entre operadores, reporteros, editores, diseñadores, repartidores, impresores, etcétera, por lo que la empresa ha llegado a acumular más de 70 demandas y quejas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

Expresaron que desde 2014 dejaron de pagar las aportaciones de los trabajadores al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), sin embargo, los recursos correspondientes eran descontados del salario, lo cual provocó que algunos de los exempleados que se quedaron sin empleo desde el mes pasado, estén apunto de perder su casa, puesto que como se sabe el pasado 5 de febrero el medio de comunicación atravesó un cambio que derivó en llevar a que más de 100 trabajadores perdieran su fuente de trabajo y el sustento para sus familias.

A quienes más recursos se les adeuda son ocho quincenas de salario, 30 vales de despensa y diversas prestaciones de ley, además que a todos los afectados se les registró con menor salario a los trabajadores ante el IMSS.

Manifestaron que desde la fundación de la empresa hasta ahora a ningún trabajador se le entregó reparto de utilidades.

Desde 2015 se dejó de pagar a tiempo a los trabajadores sus respectivas quincenas, mismas que los trabajadores recibían con menos de la mitad de su salario, motivo por el cual varios compañeros, mujeres y hombres de los diferentes departamentos, decidieron renunciar a la empresa, pero desde ese año dejaron de pagar finiquitos a casi todos los empleados que decidieron presentar su renuncia voluntariamente, además que tampoco se les pagaron adeudos como quincenas y vales de despensa a más de 40 ex empleados de la empresa.

Varios de los trabajadores fueron corridos de la empresa de manera verbal, sin el compromiso de pagar recursos que se les adeudaban a los trabajadores, y hasta hace un mes se redujo la plantilla laboral en más de 80 por ciento, pero lo preocupante es que no existe voluntad por pagar adeudos, finiquitos y liquidaciones a los trabajadores, ya que los directivos no han querido firmar ningún documento en el cual se comprometen a pagar lo correspondiente.

Refirieron que la parte patronal de Provincia dejó de proporcionar recibos de nómina al personal desde junio de 2017 a la fecha y desde 2015 se dejó de pagar a tiempo a los trabajadores sus respectivas quincenas y con menos de la mitad, quedando a adeudar más y más recursos, motivo por el cual varios compañeros, mujeres y hombres de los diferentes departamentos, decidieron renunciar a la empresa, pero desde ese año dejaron de pagar finiquitos a casi todos aquellos compañeros que decidieron presentar su renuncia voluntariamente, además que tampoco se les pagaron adeudos como quincenas y vales de despensa.

Gustavo Vega compartió que le ganó una demanda a la empresa por despido injustificado a la empresa después de trabajar más de 12 años, misma que duró alrededor de cuatro años y que la JLCA no ha hecho cumplir una orden de embargo para que se cubran 230 mil pesos que un juez resolvió a su favor.

Entre las afectadas se encuentran mujeres que en diferentes momentos estuvieron embarazadas y no recibieron pagos por parte de la empresa, una de ellas es el caso reciente de una de las afectadas que dio alumbramiento a su hijo el pasado mes y no tiene dinero por que la empresa no le ha pagado nada de lo que le adeuda y está en la incertidumbre de saber si sigue o no como trabajadora de la empresa.

Andrea Verdin, quien fungía como corresponsal en La Piedad, después de cuatro meses de haber ingresado a la empresa tuvo un accidente que la llevó al hospital y fue donde se enteró que no estaba asegurada ante el IMSS por lo que tuvo que usar servicios médicos particulares, se le adeudaban quincenas y vales de despensa y desde que tuvo su accidente no volvió a recibir un solo peso de la empresa, por lo que actualmente mantiene una demanda en proceso.

Ante las irregularidades antes mencionadas trabajadores y exempleados de Provincia hicieron un llamado a las autoridades correspondientes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), del Infonavit, de la JLCA, a que hagan cumplir la ley y no se deje en el desamparo a los exempleados de Diario Provincia. Asimismo, solicitaron a los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado a que hagan un exhorto al gobernador a que el recurso que adeuda el Ejecutivo estatal a la empresa, que se estima supera los 5 millones de pesos, sea para que se pague a todos los afectados por las decisiones de los directivos del diario.

Pidieron también al gobierno federal para que aplique las respectivas sanciones a la parte patronal responsable de evadir su responsabilidad ante los trabajadores, ya que sus acciones son violatorias a los derechos laborales y garantías individuales de los empleados.

También denunciaron públicamente que el Alonso Medina ha querido intimidar a exempleados que han presentado demandas contra la empresa, así como aquellos que buscan demandar y lo hacen responsable de cualquier tipo de atentado contra el movimiento que exige haga justicia y se les paguen los adeudos.

Otros datos: Operadora y Editora del Bajio SA de CV está registrada ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) como Empresa Familiarmente Responsable (EFR), distintivo que de acuerdo con los trabajadores no se cumplió en los últimos cuatro años por que la falta de pagos afecta a las familias.