El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó preocupación por el impacto en la población de las medidas de austeridad implementadas por el Gobierno de Ecuador tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la elaboración de su Plan de Prosperidad 2018-2021.
Luego de analizar el cuarto informe periódico del país sudamericano, el Comité emitió este martes una serie de recomendaciones entre las que destaca la evaluación previa de los efectos sobre los derechos económicos, sociales y culturales de cualquier medida tomada para responder al deterioro económico, con el objetivo de evitar que los grupos más desfavorecidos la sufran desproporcionadamente.
Del mismo modo, instó a no rebajar el gasto público en las áreas de educación y salud y a asegurar una partida presupuestaria para la inversión social en los colectivos más pobres.
El Comité reconoció los altos niveles del déficit fiscal y el endeudamiento del país, pero insistió en que las medidas de austeridad deben aplicarse sólo cuando son necesarias y, en esos casos, deben ser proporcionadas, consultadas con las poblaciones afectadas y sometidas a un examen independiente.
Además, no deberían causar discriminación y, en cambio, buscar la mitigación de las desigualdades que generalmente se agudizan en tiempos de crisis.
Estado de emergencia
El Comité subrayó también su alarma por la implementación del estado de emergencia declarado el pasado 3 de octubre ante las protestas que detonó la adopción de las medidas de austeridad.
Advirtió sobre el peligro de suspender la libertad de asociación y se refirió con preocupación a la violencia, el vandalismo y el uso desproporcionado de la fuerza, en ocasiones por parte del ejército, contra los manifestantes y defensores de derechos humanos que salieron a las calles a mostrar su inconformidad con el paquete de austeridad.
En este contexto, el Comité recomendó al Gobierno ecuatoriano que garantice el derecho de asociación y manifestación pacífica de la ciudadanía y apegarse a los estándares internacionales de derechos humanos en el caso del estado de emergencia.
Pueblos indígenas y afrodescendientes
Otro motivo de preocupación es el incremento de las actividades extractivas anunciadas en el Plan de Prosperidad, por lo que llamó a Ecuador a reconsiderar el incremento de la explotación petrolera y la minería a gran escala, recordándole sus compromisos con el Acuerdo de París.
El Comité llamó también a la protección de los defensores de los derechos humanos, haciendo especial énfasis en los pueblos indígenas, afrodescendientes y Montubios, sobre todo en el marco de las actividades extractivas.
Con respecto al aumento de concesiones mineras en territorios indígenas, exhortó a garantizar que los pueblos que los habitan tengan seguridad jurídica en cuanto a sus tierras y recursos naturales y a que se les informe y consulte para obtener su consentimiento libre y previo al establecimiento y gestión de áreas protegidas sobre sus territorios.
Alertó sobre el trabajo forzoso al que son sometidos los empleados de la empresa japonesa de electricidad Furukawa, que afectas en su gran mayoría a personas afrodescendientes y urgió a tomar medidas de protección y reparación y asistencia psicosocial a las víctimas, así como sancionar a los responsables.
Migrantes
Por otra parte, valoró el esfuerzo de Ecuador para acoger a un número significativo de migrantes, pero destacó con preocupación el efecto excluyente de los requisitos para otorgar visas humanitarias, así como la xenofobia y los actos de violencia contra los migrantes.
En este renglón, el Comité recomendó simplificar los procedimientos para la regularización de los migrantes, especialmente en el caso de los menores no acompañados.
Abogó, por otro lado, por poner fin a los despidos, la discriminación y otras represalias por actividades sindicales y a tomar las providencias que hagan falta para reducir el trabajo informal e integrar al sector formal a quienes lo desempeñan.
Seguridad social
El Comité alentó a Ecuador a extender la seguridad social de manera progresiva a los grupos no cubiertos y a fortalecer la cobertura social de los trabajadores independientes, además de mejorar los servicios para las personas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado.
Al referirse a los prejuicios contra la contracepción y a la criminalización del aborto aún en los casos de violación, el Comité pidió mantener la inversión en métodos contraceptivos y promover el acceso a la educación y servicios de salud sexual y reproductiva, así como a garantizar que la regulación de la interrupción del embarazo sea compatible con la integridad de la mujer, llamando a despenalizar el aborto en casos de violación.
