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Una oculta crisis alimentaria en América Latina alienta aún más la migración en el continente.

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“Hoy me gustaría ponerles al día sobre la crisis de seguridad alimentaria que afecta a América Latina y el Caribe, ya que se avecina una crisis oculta que, sin duda, afectará a millones de personas en la región y fuera de ella”, afirmó este martes Lola Castro, directora del Programa Mundial de Alimentos en esa región durante una rueda de prensa en Ginebra.

Según los datos de esta agencia de la ONU, de los 2300 millones de personas que se van a dormir cada noche con hambre o sin la suficiente cantidad de alimentos para desarrollar su vida de manera normal, el 11% se encuentra en América Latina y el Caribe.

Esta situación sobreviene después de que, a finales de 2021, la región mostrara signos de recuperación tras el primer impacto del COVID-19, y el número de personas en situación de inseguridad alimentaria severa se había reducido para entonces a 8,3 millones en los países que cubrimos, frente a los 17,2 millones del momento álgido de la pandemia.

“El efecto dominó de los múltiples fenómenos climáticos, unido a la pandemia en curso y a la crisis alimentaria, energética y financiera vinculada a Ucrania, ha dejado a unos 9,7 millones de personas con necesidad urgente de ayuda alimentaria, sólo en los 13 países en los que trabajamos”, explicó Castro.

Pero según las previsiones del PMA, si no se actúa ahora, es probable que en los próximos meses se eleve a unos 13,3 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave en esos 13 países. Inflación de los alimentos entre el 11 y el 26%

Para el Programa Mundial de Alimentos, la principal preocupación es el hecho de que millones de personas no pueden acceder a una cesta de alimentos adecuada. Por ejemplo, sólo en los últimos meses, el coste de una tonelada métrica (de productos alimentarios) ha aumentado un 54% en la región.

La canasta básica de alimentos es ahora considerablemente más cara, dejando a muchos sin poder asegurar su ingesta diaria. La inflación de los alimentos en la región oscila ahora entre el 11% y un asombroso 26,6% en algunos países, como es el caso de Haití.

Muchos de los países en los que trabaja el Programa en América Latina tienen una proporción de importación de cereales superior al 50%, lo que significa que producen menos cereales de los que importan. 

Preocupación por el combustible

A medida que los costes del combustible a nivel mundial siguen aumentando, el impacto en toda la región es evidente, señala Lola Castro, que indica que, por ejemplo, el precio del transporte de una tonelada de alimentos se ha multiplicado por siete en los últimos dos años. Esto está afectando especialmente a los pequeños estados insulares en desarrollo del Caribe.

Como resultado de esta situación, las operaciones del Programa Mundial de Alimentos son ahora un 30% más caras.

“Teniendo en cuenta que ya nos enfrentamos a un déficit de financiación del 50% para este año, nos vemos obligados a reducir el número de beneficiarios o la cantidad de dinero en efectivo (para comprar comida) o de alimentos que estamos distribuyendo, en un contexto en el que las necesidades están aumentando rápidamente”, destacó. 

Exposición a la crisis financiera

Según la ONU, de las 69 economías con grave exposición a las crisis alimentarias, energéticas y financieras, 19 se encuentran en la región de América Latina y el Caribe.

Esta coyuntura, unida a la reducción del espacio fiscal, que en este momento impide a los gobiernos ampliar los sistemas de protección social como hicieron de forma muy eficaz en respuesta a la pandemia de COVID-19, está empujando a muchas personas a la pobreza y a buscar mecanismos alternativos para hacer frente a la situación, como la migración.

Las encuestas llevadas a cabo por el PMA en los países en los que tiene presencia muestran que, en promedio, el 15% de las personas en la región expresaron su deseo de migrar, un aumento del 4% desde el año pasado. En el caso de Centroamérica, esa cifra es mucho mayor, un 43%.

Migración hemisférica

“Ya no se habla de migración subregional, ahora es una cuestión hemisférica. Las rutas migratorias cambian constantemente, como lo que hemos visto en el Tapón del Darién. En 2020, 5000 personas cruzaron el bosque. En 2021, 150.000 y sólo en el primer trimestre de este año. Hemos visto un aumento del 140% en comparación con 2021”. 

Según las previsiones de Castro, el elevado número de personas que pretenden emigrar, unido a la actual crisis alimentaria, de combustible y financiera, y a la crisis climática, incluyendo lo que se espera que sea una temporada de huracanes extremadamente activa, no hará sino agravar esta situación

“Estamos viendo principalmente tres grupos de personas en movimientoantiguos emigrantes, como haitianos y venezolanos, que ya estaban en otro país y necesitan volver a emigrar debido a las nuevas dificultades económicas; residentes de países latinoamericanos y caribeños; y personas procedentes de otros continentes como África y Asia que creen que cruzar el Paso del Darién les dará la oportunidad de llegar a Estados Unidos”, dijo la funcionaria.

Indicó que el Programa ha hablado con personas de 31 países que cruzaban el Paso del Darién y, aunque tenían diferentes razones para emigrar, el hilo conductor era la incapacidad de acceder a los servicios sociales básicos, los ingresos mínimos y una garantía de acceder a la comida en sus países de origen.

“Estamos observando una nueva tendencia: algunos migrantes que ya estaban asentados en un primer país, a veces durante varios años, se trasladan ahora a un segundo país en busca de una vida mejor”, indicó Castro.

Respuesta: esperanza y oportunidad

La directora regional de la agencia de la ONU dijo también que “siempre hay un resquicio de esperanza” y que “en toda crisis hay una oportunidad, y esta no es una excepción”.

Como ejemplo, señaló que “los gobiernos de toda la región son más conscientes de la importancia de ser más autosuficientes apoyando a los pequeños agricultores y a los grandes productores para diversificar y garantizar sistemas alimentarios más sostenibles, que sean resistentes a las crisis recurrentes”.

Además, los gobiernos también están aumentando su capacidad para ampliar rápidamente la asistencia a más personas con transferencias adicionales a través de redes de seguridad que responden a las crisis, mientras la crisis de los fertilizantes está aumentando el apetito por sustituir la producción fuertemente dependiente de los insumos por soluciones más orgánicas.

“El mundo depende de tres cereales: el maíz, el arroz y el trigo. Esta crisis ha demostrado que existe una necesidad urgente de diversificación. América Latina y el Caribe cuenta con un gran repositorio de alimentos ancestrales, como la quinua, que puede desempeñar un papel importante para garantizar la seguridad alimentaria mundial”, resaltó.

Ayuda de internacional

Castro aseguró que se necesita aumentar urgentemente las inversiones en las causas fundamentales de la pobreza y la migración en la región.

“Las asociaciones de múltiples partes interesadas, en las que participan los gobiernos, el sector privado y la comunidad internacional, pueden impulsar la innovación, estimular las inversiones en las zonas rurales y crear oportunidades de empleo”, comentó.

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Exhorta titular de la SEP a cumplir en tiempo y forma el cierre de ciclo escolar

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Ante movilizaciones de grupos para adelantar el término del ciclo escolar, pide no actuar en contrasentido. Calendario escolar 2021-2022, de 200 días efectivos de clase, concluye el 28 de julio

México, a 26 de junio 2022.- Tras las movilizaciones de distintos grupos para adelantar el término del ciclo escolar 2021-2022, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, exhortó a autoridades educativas y al magisterio nacional a respetar el calendario escolar y concluir en los tiempos marcados.

Pidió no actuar en contrasentido, cuando la presencia en las aulas protege el derecho a la educación de las niñas y los niños del país, y contribuye a la recuperación de aprendizajes.

Al clausurar los trabajos de la LIV Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), solicitó a las y los secretarios de Educación de las 32 entidades actuar como interlocutores en sus comunidades de enseñanza, y asegurar que ante cualquier eventualidad se considere a la SEP.

El calendario escolar 2021-2022, de 200 días efectivos de clase, vigente para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, establece que el próximo 28 de julio concluye el ciclo escolar.

Es responsabilidad de las autoridades educativas locales garantizar el cumplimiento del calendario lectivo 2021-2022, y que las jornadas escolares cumplan el tiempo efectivo de clases mínimo establecido en los planes y programas vigentes.

Por ello, la secretaria de Educación recalcó que es obligación de autoridades, directivos, personal docente y de apoyo a la educación garantizar el acceso a los servicios educativos, sobre todo, cuando se demostró que los espacios más seguros están en el entorno escolar.

Gómez Álvarez consideró contraproducente pugnar por la conclusión anticipada del ciclo escolar, luego de los acuerdos establecidos con los integrantes del Conaedu, para privilegiar la reinserción escolar y la recuperación de aprendizajes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

“En las reuniones que he tenido con padres de familia nos han agradecido que ya están los pequeñitos de regreso. Si todavía tienen alguna duda o tienen algún miedo, hay que respetarlo, pero que sean los padres de familia, no que sea por iniciativa o por una situación de nosotros como secretaría”, enfatizó.

Pidió considerar que la falta de interacción entre maestros y alumnos en el proceso de enseñanza conlleva afectaciones a la estabilidad emocional de las y los estudiantes.

Finalmente, afirmó que es necesario redoblar el esfuerzo para continuar las clases presenciales y la recuperación de conocimientos en el alumnado.

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Suprimir el derecho al aborto en Estados Unidos es “un duro golpe para los derechos de las mujeres”: Bachelet

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La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos consideró que la sentencia emitida este viernes por el Tribunal Supremo de Estados Unidos que termina con la protección constitucional al aborto en ese país “es un importante revés tras cinco décadas de protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos”.

Michelle Bachelet consideró que el dictamen del Alto Tribunal, que devuelve a los estados el derecho a legislar sobre la protección del embarazo, representa “un duro golpe para los derechos humanos de las mujeres y para la igualdad de género”.

Bachelet consideró que el acceso al aborto “seguro, legal y efectivo” es un elemento “firmemente arraigado” en las leyes internacionales de derechos humanos, y que constituye el “eje central de la autonomía de las mujeres y las niñas” porque determina “sus propias decisiones sobre su cuerpo y su vida, sin ningún tipo de discriminación, violencia ni coacción”.

“Esta decisión priva de esa autonomía a millones de mujeres en Estados Unidos, en particular a las de bajos ingresos y a las pertenecientes a las minorías raciales y étnicas, en detrimento de sus derechos fundamentales”, especificó.

Por último, recordó que, durante los últimos 25 años, más de 50 países con leyes anteriormente restrictivas han liberalizado su legislación sobre el aborto.

“Con la sentencia de hoy, Estados Unidos se aleja lamentablemente de esta tendencia progresista”, subrayó.

El fallo supone un retroceso del Estado de derecho

Se sumaron a la opinión de Bachelet un grupo de especialistas en derechos humanos*, quienes describieron la situación como “escandalosa y peligrosa”, advirtiendo que pondrá en peligro la salud y la vida de las mujeres

“Lo que ha ocurrido hoy en Estados Unidos es un retroceso monumental para el Estado de derecho y para la igualdad de género. De un plumazo y sin un razonamiento jurídico sólido, el Tribunal Supremo del país ha despojado a las mujeres y las niñas de las protecciones legales necesarias para garantizar su capacidad de vivir con dignidad”, afirmaron.

Los expertos señalaron que en este “nuevo entorno legal restrictivo” no disminuirá la necesidad de abortar de una persona, y que solo garantiza el aumento del número de mujeres y niñas que se someterán a abortos clandestinos e inseguros.

Coincidieron con Bachelet en que el fallo perjudica especialmente a las mujeres que pertenecen a minorías raciales y que viven en la pobreza, y añadieron que potenciará el estigma relacionado con el aborto, provocando los abusos de las mujeres que necesitan atención postaborto.

La decisión obliga a algunas mujeres a abandonar sus hogares para abortar

Igualmente, manifestaron su preocupación por lo que consideran como “falta de claridad sobre los márgenes legales” para abortar tras el caso Roe v. Wade- que dictaminó que la Constitución protege la libertad de una mujer embarazada para interrumpir el embarazo sin restricciones gubernamentales-, que ahora variarán en función del lugar de residencia y del riesgo de persecución.

“Estamos profundamente preocupados por la situación de las mujeres que se verán obligadas a abandonar sus hogares y viajar a otros estados en busca de un aborto seguro o que se verán obligadas a soportar un embarazo y una maternidad forzados”, señalaron.

Los expertos pidieron al gobierno del presidente Joe Biden que emita órdenes ejecutivas para proteger el acceso al aborto seguro, que dote a los estados de financiación para la prestación de este tipo de servicios y que limite las medidas destinadas a restringir los viajes de las personas que deseen abortar de forma segura.

La decisión de continuar con un embarazo o de interrumpirlo debe ser fundamental y primordialmente de la mujer, ya que determinará su futura vida personal y familiar. El derecho de la mujer a tomar decisiones autónomas sobre su cuerpo y sus funciones reproductivas está en la base de su derecho fundamental a la igualdad, la no discriminación, la salud y la privacidad”, puntualizaron.

El 45% de todos los abortos practicados son inseguros

Por su parte, el portavoz del Secretario General declaró “haber visto y tomado nota” de la decisión de la Corte Suprema y reiteró que la postura de la Organización “es que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son la base de una vida de elección, empoderamiento e igualdad para las mujeres y niñas del mundo”.

Durante su encuentro diario con la prensa, Stephane Dujarric enfatizó que restringir el acceso al aborto “no impide que la gente busque abortar; sólo hace que sea más mortal. Eso es lo que dicen nuestros datos”.

Dujarric, citando información del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), dijo que cerca del 45% de todos los abortos en el mundo son inseguros, lo que lo convierte en una de las principales causas de muerte materna.

El propio UNFPA y ONU Mujeres emitieron comunicados en una línea similar a la expresada por el portavoz.

*Los expertos son: el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas: Melissa Upreti (president), Dorothy Estrada Tanck (vicepresidenta), Elizabeth Broderick, Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane; Tlaleng Mofokeng, relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y Reem Alsalem, relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.

Los siguientes titulares de mandatos de Procedimientos Especiales también respaldaron el comunicado: Ahmed Shaheed, relator especial sobre la libertad de religión o de creencias; Gerard Quinn, relator especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Alexandra Xanthaki, relatora especial en el ámbito de los derechos culturales; Siobhán Mullally, relatora especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; E. Tendayi Achiume, relatora especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; Ana Brian Nougrères, relatora especial sobre el derecho a la intimidad

Los relatores especiales y los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de los países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

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Si América Latina quiere más y mejores empleos, ha de aumentar la productividad laboral.

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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) planteó este miércoles la necesidad de formular “estrategias efectivas” que ayuden a aumentar la productividad laboral, ante lo que considera “un persistente rezago regional que compromete las posibilidades de encontrar el rumbo de un futuro del trabajo con crecimiento sostenible y más y mejores empleos”.

La región enfrenta “desafíos estructurales” de grandes dimensiones pues “existen amplias brechas de productividad al interior de los países entre sectores productivos, empresas, grupos de trabajadores”, destacó la directora regional interina de la OIT para América Latina y el Caribe, Claudia Coenjaerts, en la presentación de un nuevo informe.

A éstas, añadió otras fisuras externas que “se han ido amplificando respecto de países más avanzados en el marco de la aceleración de la transición digital y del cambio tecnológico”.

Coenjaerts consideró que es necesario “un renovado y profundo debate en la región donde se aborden los principales factores que impulsan el aumento de la productividad, la transición digital y las repercusiones de estos procesos en el trabajo decente, la creación de empleo, las mejoras distributivas y el desarrollo de empresas sostenibles y promotoras del cambio tecnológico”.

La productividad ha disminuido en las últimas cuatro décadas

El informe destaca que “la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe, ya desde antes de la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia de Covid-19, evidenciaba un estancamiento tanto de la productividad laboral como de la productividad total de factores”.

“La productividad laboral ha decrecido persistentemente en términos comparativos con respecto al resto del mundo durante las últimas cuatro décadas”, afirmó el consultor de la OIT y autor del informe, Claudio Maggi.

Maggi destacó la importancia de identificar y promover una serie de “dinámicas virtuosas entre productividad, crecimiento y trabajo”.

Durante la presentación del informe se abordaron otros aspectos como los desafíos que provoca la transición digital y el advenimiento de nuevas tecnologías, los desafíos en materia de formación, la compleja situación actual caracterizada por la alta incertidumbre internacional y la incertidumbre ante el término de la pandemia de COVID-19, y la alta informalidad en la región.

Asimismo, se plantearon los retos en materia de políticas públicas, y también en el funcionamiento de las empresas.

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