Presencia permanente de militares en tareas de seguridad, no será la solución; se deben fortalecer las policías civiles y al Ministerio Público.
Reclutar jóvenes para la Guardia Nacional, sin tener aprobado el marco constitucional respectivo, es una falta de respeto al Poder Constituyente, que incluye al Congreso Federal y a los estatales.
Antes se debe escuchar a la sociedad civil, académicos y defensores de derechos humanos, nacionales e internacionales.
Gobierno Federal debe asumir su responsabilidad y tomar acciones ante el repunte de homicidios dolosos.
Ciudad de México, 3 de enero de 2019. La presencia permanente de militares en tareas de seguridad no es la solución, como ya ha quedado acreditado. Se deben fortalecer las policías civiles y profesionalizar a los integrantes del Ministerio Público para combatir la deficiente procuración de justicia que padece el país, expresó el Dirigente Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.
Señaló que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está buscando darle permanencia a un esquema que no funcionó en los dos sexenios anteriores.
Se pretende trasladar la responsabilidad civil a los militares, solo que ahora con la intención de perpetuar esa función llevándola a la Constitución, faltando el respeto al Congreso de la Unión, los Congresos Locales, a la sociedad civil, académicos y defensores de derechos humanos.
El Gobierno, dijo, no debe adelantarse en los procesos, pues ya lanzó la convocatoria para reclutar a 50 mil jóvenes, sin que el tema haya sido profundamente discutido por expertos y votado por el Constituyente permanente.
“En Acción Nacional exigimos que las decisiones se tomen en estricto apego a la legalidad, sin violentar los procesos y con pleno respeto del Ejecutivo al Congreso”, destacó.
Además, expuso, el gobierno federal ya debe comenzar a asumir la responsabilidad que le corresponde ante el repunte en el porcentaje de homicidios dolosos en el país, registrados a partir del inicio de su administración.
La Guardia Nacional, puntualizó Marko Cortés, en todo caso debe tratarse solamente de una medida transitoria y sus funciones deberán estar bien delimitadas y no generar intromisiones desproporcionadas en el ámbito privado de los ciudadanos.
La medida deberá ser necesariamente acompañada del fortalecimiento local y federal de las policías civiles y de la profesionalización local y federal de los agentes del Ministerio Público y fiscales para obtener una satisfactoria procuración de justicia y combate a la corrupción.
Explicó que la próxima semana trabajará junto con los Grupos Parlamentarios de Acción Nacional para analizar las conveniencias de la misma, así como las funciones que debiera realizar durante determinado tiempo, así como sus atribuciones específicas y el tipo de delitos que debe perseguir.
“La Guardia Nacional es un esquema polémico que debe ser discutido y analizado a fondo por expertos en conjunto con los legisladores, por ello nuestros senadores y diputados estudiarán los pros y los contras de una medida tan importante para la vida de los mexicanos, a fin de generar una normatividad que favorezca a los ciudadanos”.
El PAN está a favor de combatir la inseguridad, pero como sucede en todos los países democráticos en el mundo a través de los civiles. De ahí proponemos fortalecer las policías y profesionalizar a los miembros del Ministerio Público y fiscales para reforzar el Estado de Derecho en México, señaló.
“En Acción Nacional reconocemos el trabajo que las Fuerzas Armadas han tenido en las tareas de seguridad, sabemos además que no es posible, en este momento, regresarlos a los cuarteles, pues cumplen con un papel fundamental; pero tampoco creemos conveniente que deban quedarse de forma permanente en esta labor.
No obstante, insistimos que para poder combatir efectivamente el crimen y garantizarles seguridad a los mexicanos, se debe capacitar y profesionalizar a las fuerzas policiales civiles de los tres órdenes de gobierno”, puntualizó.
Finalmente, el Presidente del PAN recalcó que Acción Nacional tomará la decisión que más favorezca al bien común de México, al escuchar todas las voces, a fin de realizar un plan integral de seguridad adecuado a las necesidades del país.