La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos consideró que la sentencia emitida este viernes por el Tribunal Supremo de Estados Unidos que termina con la protección constitucional al aborto en ese país “es un importante revés tras cinco décadas de protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos”.
Michelle Bachelet consideró que el dictamen del Alto Tribunal, que devuelve a los estados el derecho a legislar sobre la protección del embarazo, representa “un duro golpe para los derechos humanos de las mujeres y para la igualdad de género”.
Bachelet consideró que el acceso al aborto “seguro, legal y efectivo” es un elemento “firmemente arraigado” en las leyes internacionales de derechos humanos, y que constituye el “eje central de la autonomía de las mujeres y las niñas” porque determina “sus propias decisiones sobre su cuerpo y su vida, sin ningún tipo de discriminación, violencia ni coacción”.
“Esta decisión priva de esa autonomía a millones de mujeres en Estados Unidos, en particular a las de bajos ingresos y a las pertenecientes a las minorías raciales y étnicas, en detrimento de sus derechos fundamentales”, especificó.
Por último, recordó que, durante los últimos 25 años, más de 50 países con leyes anteriormente restrictivas han liberalizado su legislación sobre el aborto.
“Con la sentencia de hoy, Estados Unidos se aleja lamentablemente de esta tendencia progresista”, subrayó.
El fallo supone un retroceso del Estado de derecho
Se sumaron a la opinión de Bachelet un grupo de especialistas en derechos humanos*, quienes describieron la situación como “escandalosa y peligrosa”, advirtiendo que pondrá en peligro la salud y la vida de las mujeres
“Lo que ha ocurrido hoy en Estados Unidos es un retroceso monumental para el Estado de derecho y para la igualdad de género. De un plumazo y sin un razonamiento jurídico sólido, el Tribunal Supremo del país ha despojado a las mujeres y las niñas de las protecciones legales necesarias para garantizar su capacidad de vivir con dignidad”, afirmaron.
Los expertos señalaron que en este “nuevo entorno legal restrictivo” no disminuirá la necesidad de abortar de una persona, y que solo garantiza el aumento del número de mujeres y niñas que se someterán a abortos clandestinos e inseguros.
Coincidieron con Bachelet en que el fallo perjudica especialmente a las mujeres que pertenecen a minorías raciales y que viven en la pobreza, y añadieron que potenciará el estigma relacionado con el aborto, provocando los abusos de las mujeres que necesitan atención postaborto.
La decisión obliga a algunas mujeres a abandonar sus hogares para abortar
Igualmente, manifestaron su preocupación por lo que consideran como “falta de claridad sobre los márgenes legales” para abortar tras el caso Roe v. Wade- que dictaminó que la Constitución protege la libertad de una mujer embarazada para interrumpir el embarazo sin restricciones gubernamentales-, que ahora variarán en función del lugar de residencia y del riesgo de persecución.
“Estamos profundamente preocupados por la situación de las mujeres que se verán obligadas a abandonar sus hogares y viajar a otros estados en busca de un aborto seguro o que se verán obligadas a soportar un embarazo y una maternidad forzados”, señalaron.
Los expertos pidieron al gobierno del presidente Joe Biden que emita órdenes ejecutivas para proteger el acceso al aborto seguro, que dote a los estados de financiación para la prestación de este tipo de servicios y que limite las medidas destinadas a restringir los viajes de las personas que deseen abortar de forma segura.
“La decisión de continuar con un embarazo o de interrumpirlo debe ser fundamental y primordialmente de la mujer, ya que determinará su futura vida personal y familiar. El derecho de la mujer a tomar decisiones autónomas sobre su cuerpo y sus funciones reproductivas está en la base de su derecho fundamental a la igualdad, la no discriminación, la salud y la privacidad”, puntualizaron.
El 45% de todos los abortos practicados son inseguros
Por su parte, el portavoz del Secretario General declaró “haber visto y tomado nota” de la decisión de la Corte Suprema y reiteró que la postura de la Organización “es que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son la base de una vida de elección, empoderamiento e igualdad para las mujeres y niñas del mundo”.
Durante su encuentro diario con la prensa, Stephane Dujarric enfatizó que restringir el acceso al aborto “no impide que la gente busque abortar; sólo hace que sea más mortal. Eso es lo que dicen nuestros datos”.
Dujarric, citando información del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), dijo que cerca del 45% de todos los abortos en el mundo son inseguros, lo que lo convierte en una de las principales causas de muerte materna.
El propio UNFPA y ONU Mujeres emitieron comunicados en una línea similar a la expresada por el portavoz.
*Los expertos son: el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas: Melissa Upreti (president), Dorothy Estrada Tanck (vicepresidenta), Elizabeth Broderick, Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane; Tlaleng Mofokeng, relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y Reem Alsalem, relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.
Los siguientes titulares de mandatos de Procedimientos Especiales también respaldaron el comunicado: Ahmed Shaheed, relator especial sobre la libertad de religión o de creencias; Gerard Quinn, relator especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Alexandra Xanthaki, relatora especial en el ámbito de los derechos culturales; Siobhán Mullally, relatora especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; E. Tendayi Achiume, relatora especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; Ana Brian Nougrères, relatora especial sobre el derecho a la intimidad
Los relatores especiales y los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de los países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
