Una experta de la ONU en derechos humanos aplaudió la decisión del Papa Francisco de abolir la política de secreto que mantenía la Iglesia Católica en casos de abuso sexual infantil, pero agregó que ahora el Vaticano debe garantizar que se haga justicia.
“Este movimiento positivo del Papa, que reconoce la magnitud de la crisis, significa que las víctimas ya no tendrán que vivir en la desesperación de que estos crímenes pasen desapercibidos e impunes”, dijo Maud de Boer-Buquicchio, relatora especial sobre la venta y la explotación sexual de niños.
La relatora considera que, con este movimiento, “se ha abierto el camino hacia la responsabilidad civil y penal por estos abusos”.
“Sin embargo”, añade, “es solo un primer paso”. El Vaticano ahora “debería tomar todas las medidas necesarias para garantizar investigaciones rápidas, exhaustivas y públicas que estén sujetas al escrutinio público y el enjuiciamiento de los presuntos autores, además de pedirinformes obligatorios a todos los clérigos y hacer que el personal denuncie estos actos atroces”.
Tolerancia cero contra los abusos
“La Iglesia también debe hacer cumplir las políticas de tolerancia cero sobre el abuso sexual infantil en todas las instituciones bajo su supervisión, asegurándose de despedir de inmediato a aquellos que hayan abusado de niños”, apuntó la experta.
La relatora especial señaló que, a pesar de varios casos históricos, las denuncias de abuso sexual de niños por parte de miembros del clero continúan siendo denunciadas y son “profundamente preocupantes”.
Añadió que todas las víctimas merecen reparación y rehabilitación, dado el alcance del daño sufrido y el impacto en sus vidas y en sus comunidades.
“Durante décadas, el flagelo del abuso contra los niños ha sido completamente ignorado, negado o renombrado como un pecado que podría ser absuelto si se busca el perdón”, dijo, y agregó que la Iglesia debe proporcionar a las víctimas los medios para acceder a asesoramiento y apoyo social con carácter de urgencia.
Un delito que debería importarle a todos
“Los gobiernos nacionales deberían complementar estos esfuerzos con educación pública y servicios sociales. De hecho, todos los Estados deben garantizar que han asumido plenamente su función de proteger a los niños de tales abusos graves de derechos humanos”, expresó la experta.
La relatora consideró que hay que agradecer a las víctimas por tener la valentía de hablar sobre este tema devastador, pero afirmó que la carga de abordar ese mal no debería recaer solo en ellas.
“El mundo está esperando que los Estados y la Iglesia cumplan con su deber de poner fin a este flagelo. Las acciones deben seguir a las palabras”, dijo.
Maud de Boer-Buquicchio concluyó que a raíz del trigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y el período previo al vigésimo aniversario del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil el próximo año, es crucial que la Iglesia Católica cumpla con sus responsabilidades en todos los niveles de su jerarquía.
